¿QUIÉN PROTEGE AL CIUDADANO CUANDO EL UNIFORME SE CONVIERTE EN AMENAZA?
La continuación y posterior muerte de una joven de apenas 25 años, presuntamente a manos de un coronel de la Policía Nacional, no es un hecho aislado ni un simple “incidente lamentable”. Es la expresión más cruda y dolorosa de una profunda descomposición institucional que viene carcomiendo a los cuerpos llamados constitucionalmente a proteger la vida, el orden y la seguridad ciudadana.
Familiares claman justicia. La sociedad observa con rabia, impotencia y miedo. Porque cuando quien porta un arma del Estado, amparado en un rango y un uniforme, se convierte en verdugo, el peligro deja de estar en las calles y pasa a emanar desde las propias autoridades.
Este país necesita con urgencia una profilaxis profunda, real y sin contemplaciones en todos los cuerpos castrenses: Policía Nacional, Fuerzas Armadas y en cada institución que tenga como misión salvaguardar el orden público. No basta con discursos, comisiones ni suspensiones temporales. Se requiere depuración, sanción ejemplar y una transformación estructural que erradique la cultura de abuso, impunidad y uso excesivo de la fuerza.
Los agentes del orden no están llamados a ejecutar, perseguir ni sembrar terror. Están llamados a cuidar vidas, a prevenir delitos, a garantizar derechos. Sin embargo, demasiadas veces actúan como si estuvieran por encima de la ley, como si el uniforme les otorgara licencia para matar.
Vivimos en un país donde el ciudadano teme más a quien debería protegerlo que al propio delincuente. Eso es una señal inequívoca de que algo está profundamente mal. Un Estado que permite que sus fuerzas armadas y policiales se conviertan en amenaza, es un Estado que ha fallado en su esencia.
La justicia no puede ser selectiva ni tibia. Si los hechos se confirman, el peso de la ley debe caer con toda su fuerza, sin privilegios ni rangos que sirvan de escudo. Porque sin justicia no hay paz, y sin instituciones confiables no hay democracia posible.
El silencio oficial, la lentitud judicial o la complicidad institucional solo profundizan la herida. Hoy fue una joven de 25 años. Mañana puede ser cualquiera.
Y un país que normaliza estas muertes está condenado a vivir bajo el miedo de sus propias autoridades.
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