CÁMARAS EN LOS ALLANAMIENTOS: UN PASO NECESARIO PARA LA TRANSPARENCIA.
La reciente información ofrecida por la procuradora general de la República, en la que se anuncia que los fiscales utilizarán cámaras para grabar los allanamientos, marca un antes y un después en la forma en que se ejecutan estas delicadas actuaciones judiciales en la República Dominicana.
De implementarse correctamente, esta medida salvaguarda y protege los derechos fundamentales tanto de la persona a la que se le practica un allanamiento como de los propios fiscales que actúan conforme a la ley. La grabación en tiempo real se convierte en un mecanismo de control, prueba y transparencia que reduce los márgenes de arbitrariedad y abuso de poder.
No es un secreto para nadie que, en nuestro país, incluso instituciones llamadas a garantizar el cumplimiento de la ley han sido salpicadas por la corrupción. El Ministerio Público no ha estado exento de esta realidad. Existen precedentes claros de fiscales destituidos por prácticas indebidas, abuso de autoridad y actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Estos hechos han erosionado la confianza ciudadana y han puesto en entredicho procedimientos que, por su naturaleza, deben ser incuestionables.
En ese contexto, el uso de cámaras durante los allanamientos no debe verse como una desconfianza institucional, sino como una herramienta de fortalecimiento del Estado de derecho. La transparencia no debilita a las instituciones; por el contrario, las legitima frente a la sociedad y eleva los estándares de actuación de sus funcionarios.
Ahora bien, para que esta medida tenga el impacto esperado, es imprescindible que exista un protocolo claro sobre el manejo de las grabaciones, la cadena de custodia, la protección de la intimidad y el acceso a estos registros cuando sean requeridos por la justicia. De lo contrario, el avance podría quedarse a medio camino.
En definitiva, grabar los allanamientos es un paso correcto y oportuno. La ciudadanía demanda instituciones más confiables, procesos más limpios y funcionarios sometidos a un escrutinio real. La transparencia, en un país que lucha por erradicar la corrupción, no es una opción: es una necesidad.
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