- Opinión | SENASA:
cuando la paz de diciembre no puede silenciar la justicia.
Diciembre suele ser un mes asociado a la armonía, la reflexión y la paz social. Es tiempo de reconciliación, de familia y de esperanza colectiva. Sin embargo, ni el calendario ni el espíritu navideño pueden servir de manto para ocultar hechos que comprometen la salud pública, el uso del erario y la credibilidad del Estado dominicano. El caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (SENASA) exige algo más que prudencia: exige acción firme, transparente y ejemplar.
La salud no es un privilegio, es un derecho fundamental. Cuando los recursos destinados a garantizarla son presuntamente depredados, manipulados o mal administrados, no estamos ante un simple escándalo administrativo, sino frente a un atentado directo contra la vida, la dignidad y la estabilidad social de un país entero. En un Estado democrático, estos hechos no pueden ni deben pasar por alto.
El Estado dominicano tiene el deber moral, legal e institucional de actuar sin contemplaciones, aun cuando el ambiente social invite al sosiego. La paz verdadera no se construye con silencio ni con indiferencia, sino con justicia. Y la justicia, para ser creíble, debe ser oportuna, constante y severa frente a quienes traicionan la confianza pública.
En este contexto, el Ministerio Público de la República Dominicana está llamado a dar el tratamiento que la gravedad del caso amerita. No basta con investigaciones superficiales ni con discursos tranquilizadores. Se requiere una secuencia continua de acciones: investigación profunda, identificación clara de responsabilidades, sometimientos judiciales cuando correspondan y sanciones proporcionales al daño causado.
La depredación del erario público en el sector salud tiene consecuencias devastadoras: hospitales sin insumos, tratamientos retrasados, pacientes desprotegidos y un sistema que pierde credibilidad. Cada peso mal utilizado es una oportunidad perdida para salvar una vida. Por eso, el peso de la ley debe caer con rigor sobre quienes, desde posiciones de poder, administraron o permitieron irregularidades.
El país necesita señales claras. Necesita saber que nadie está por encima de la ley, que la corrupción no prescribe por conveniencia política ni se diluye por el paso de las festividades. Solo así se podrán ver resultados reales: responsables pagando por sus actos y una institucionalidad fortalecida.
Defender una salud digna es defender la democracia misma. Y protegerla implica asumir que, aun en diciembre, la justicia no se toma vacaciones. El Estado dominicano tiene una oportunidad histórica de demostrar que la paz social se construye enfrentando la verdad, sancionando el abuso y garantizando que los recursos públicos cumplan su único fin legítimo: servir al pueblo.
