La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana desempeña un rol fundamental en la preservación de la soberanía, la seguridad nacional y el orden jurídico del país.
Por esa razón, como ciudadano dominicano comprometido con el futuro de la patria, me veo en el deber moral y cívico de hacer un llamado de atención tanto a dicha institución como al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, elegido de manera constitucional y democrática por la voluntad popular.
En los últimos tiempos, han surgido serias preocupaciones en la opinión pública sobre si la Dirección General de Migración está ejerciendo su labor de manera real, efectiva y apegada a la ley, o si, por el contrario, algunos de sus agentes estarían convirtiendo el control migratorio en un negocio con fines lucrativos, especialmente en los principales puntos fronterizos del país.
De confirmarse estas prácticas irregulares, no solo se estaría violentando la ley, sino que también se estaría proyectando una imagen negativa y peligrosa del Estado dominicano, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones llamadas a velar por la seguridad nacional. La frontera no puede ser vista como un espacio de improvisación, permisividad o corrupción, sino como una línea estratégica que debe ser protegida con rigor, ética y profesionalismo.
La República Dominicana es un Estado de derecho. Como nación soberana tenemos normas, reglas y leyes que nos rigen, y estas deben cumplirse sin excepciones ni privilegios. La migración irregular es un tema sensible que debe manejarse con humanidad, pero también con firmeza institucional.
No se trata de discursos, sino de acciones coherentes y sostenidas.
Las principales autoridades del país, encabezadas por nuestro mandatario, tienen la responsabilidad histórica de garantizar que los organismos bajo su dirección actúen conforme a la ley y al interés nacional. Por ello, se hace imprescindible la realización de una investigación exhaustiva, transparente e independiente que determine qué está ocurriendo realmente dentro de la Dirección General de Migración, especialmente en las zonas fronterizas.
Este llamado no nace del ataque ni de la confrontación, sino del amor por la patria, del deseo de un país organizado, respetado y seguro. La seguridad nacional no puede ser negociable ni convertida en un medio de enriquecimiento ilícito. El país merece respuestas claras, correctivos firmes y consecuencias para quienes traicionen la confianza del pueblo.
La historia juzgará a quienes, teniendo el poder de corregir, decidieron mirar hacia otro lado.
Aún estamos a tiempo de fortalecer las instituciones, rescatar la credibilidad y demostrar que en la República Dominicana la ley está por encima de cualquier interés particular.
