EL PODER POLÍTICO Y EL PODER EMPRESARIAL: UNA LÍNEA QUE NO DEBE CRUZARSE.
En la República Dominicana se observa con creciente preocupación la tendencia de políticos que incursionan en los negocios y de empresarios que utilizan la política como plataforma para ampliar o proteger intereses privados.
Esta práctica, lejos de fortalecer la institucionalidad, representa un serio riesgo para la democracia y la correcta administración del Estado.
El poder político y el poder empresarial cumplen funciones distintas y no deben confundirse. El primero está llamado a gobernar, administrar recursos públicos y garantizar derechos en favor del interés colectivo.
FAMILIAS EMPRESARIAS QUE HAN INCIDIDO EN LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El segundo tiene como misión generar riqueza, producir bienes, crear empleos y dinamizar la economía. Cuando ambos poderes confluyen en una misma persona, se produce un conflicto de intereses que debilita la transparencia y abre espacio al abuso de poder.
La experiencia demuestra que esta mezcla suele derivar en el uso del Estado como instrumento de beneficio particular: contratos dirigidos, privilegios selectivos, leyes a la medida y concentración económica. Del mismo modo, cuando un político se convierte en empresario aprovechando su posición, se quiebra la confianza del electorado y se desnaturaliza el ejercicio del poder público.
Este escenario amenaza la esencia de la democracia, pues el poder económico termina condicionando decisiones políticas y restando valor real al voto ciudadano. El Estado deja de responder al interés nacional y pasa a servir agendas privadas.
Por ello, resulta indispensable trazar una línea clara: o se ejerce el poder político o se ejerce el poder empresarial, pero nunca ambos bajo la dirección de una misma persona. La República Dominicana necesita gobernantes comprometidos con el bien común y empresarios enfocados en el desarrollo económico, cada uno desde su rol, para preservar la democracia y proteger el patrimonio público.
