LOS QUE DEPREDAN EL ERARIO PÚBLICO SON PREMIADOS
En la República Dominicana se ha vuelto una práctica alarmantemente recurrente que funcionarios públicos utilicen sus cargos no para servir, sino para depredar el erario. Lo más grave no es solo el saqueo de los fondos públicos, sino la ausencia de un régimen de consecuencias reales y ejemplares. Al contrario, muchos de estos casos terminan en acuerdos, archivos o libertades que envían un mensaje devastador a la sociedad: robar desde el poder sale barato.
Cuando quien administra los recursos de todos convierte su función en un botín personal y luego queda libre por “acuerdos” judiciales, se institucionaliza la impunidad. Este patrón erosiona la confianza ciudadana, debilita la democracia y condena al país al atraso, porque cada peso robado es una escuela que no se construye, un hospital sin equipos o una carretera que nunca llega.
La falta de castigos severos ha normalizado el abuso. Por eso muchos reinciden o nuevos actores se sienten tentados a repetir el esquema. Si no hay consecuencias firmes, el delito se convierte en incentivo. El Estado no puede seguir tolerando que se negocie la justicia cuando se trata de fondos públicos.
El país necesita una mano enérgica, sin privilegios ni contemplaciones, que castigue con todo el peso de la ley a cualquiera que robe el dinero del pueblo, sin importar apellido, partido o posición. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni simbólica: debe ser implacable. Solo así se romperá el círculo vicioso donde quienes depredan el erario no solo quedan libres, sino que, en los hechos, terminan siendo premiados.
#ECONOMÍADOMINICANA#JUSTICIA#ESTADO#GOBIERNO
