INVERSIÓN CHINA EN REPÚBLICA DOMINICANA: DESARROLLO SIN IMPUNIDAD FISCAL.
La inversión extranjera es necesaria para el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana. Nadie sensato se opone a la llegada de capitales que generen empleos, dinamicen la economía y aporten al progreso nacional. Sin embargo, el desarrollo no puede ni debe construirse sobre la base de privilegios, evasión fiscal y competencia desleal.
En el país es un secreto a voces que numerosas empresas chinas operan con amplias ventajas tributarias de facto, evadiendo impuestos que sí se les exigen rigurosamente a los empresarios dominicanos. Esta situación crea un profundo malestar en el sector productivo nacional, que se siente castigado por cumplir la ley mientras otros prosperan al margen de ella.
El Estado dominicano no puede actuar con doble moral. Las leyes existen para cumplirse, no para flexibilizarse según el origen del capital o los intereses coyunturales. No deben existir excepciones. La ley es dura, pero es la ley, y su aplicación debe ser igual para todos, nacionales o extranjeros. Cuando se tolera la evasión, se debilita la institucionalidad y se envía un mensaje peligroso: en este país, cumplir es una desventaja.
La gran cuestionante que flota en el ambiente es inquietante y legítima: ¿existen funcionarios del gobierno detrás de la evasión de impuestos de empresas chinas? ¿Se están beneficiando directa o indirectamente de este incumplimiento? Si la respuesta fuese afirmativa, estaríamos ante un Estado que no solo falla en hacer cumplir la ley, sino que se convierte en cómplice activo de su violación, lo cual es incompatible con cualquier concepto real de democracia.
Esta práctica afecta gravemente el crecimiento económico del país y asfixia al empresariado dominicano, que compite en condiciones desiguales dentro de su propio territorio. Un régimen fiscal parcial, selectivo y complaciente no impulsa el desarrollo; lo distorsiona y lo frena.
En conclusión.
La inversión extranjera es bienvenida, incluida la china, pero bajo una condición irrenunciable: el cumplimiento estricto de las leyes tributarias. Sin igualdad ante la ley no hay desarrollo sostenible, no hay competencia justa y no hay verdadera democracia. El Estado está obligado a actuar con firmeza, sin privilegios ni silencios cómplices, si realmente aspira a un crecimiento económico justo y colectivo.
