SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA, 7 ENERO 2026.
NOTA DE PRENSA.
Comerciantes advierten el impacto económico de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, no bueno.
Región Sur, República Dominicana. —
El sector comercial de la región Sur expresó su preocupación por la aplicación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, núm. 225-20, promulgada en octubre de 2020, al considerar que su implementación actual representa una carga económica significativa para el comercio, especialmente para los pequeños y medianos negocios.
La referida ley establece contribuciones económicas obligatorias para los generadores de residuos, aplicables según el nivel de ingresos brutos anuales, distribuidos en rangos por millones, entre los que se destacan:
Desde RD$1,000,000 hasta RD$10,000,000 de ingresos brutos anuales.
Desde RD$10,000,001 hasta RD$50,000,000 de ingresos brutos anuales.
Desde RD$50,000,001 hasta RD$100,000,000 de ingresos brutos anuales.
Más de RD$100,000,000 de ingresos brutos anuales.
Los comerciantes sostienen que, a partir del primer rango, muchos pequeños negocios quedan inmediatamente impactados, enfrentando aumentos en sus costos operativos, reducción de márgenes de ganancia y dificultades para sostener el empleo, particularmente en las provincias donde no existe infraestructura adecuada para reciclaje ni una gestión eficiente de los desechos.
Asimismo, se cuestiona que la contribución se aplique de forma generalizada, sin una diferenciación justa entre pequeños comercios y grandes empresas, y sin que se evidencie de manera clara el retorno en servicios ambientales y municipales.
El sector comercial reiteró que no se opone a la protección del medio ambiente, pero sí a una aplicación de la ley que no considere la realidad económica regional ni garantice equidad en la distribución de las cargas.Conclusión.
Los comerciantes hacen un llamado a las autoridades competentes para revisar y ajustar la aplicación de la Ley 225-20, a fin de lograr un equilibrio real entre la sostenibilidad ambiental y la estabilidad del comercio, evitando que esta normativa continúe afectando la formalidad, el empleo y el desarrollo económico local.
