NOTA DE PRENSA.
Región Sureste se une para repudiar la Ley de Residuos Sólidos que amenaza al pequeño comerciante.
Región Sureste, República Dominicana.
Diversas organizaciones comerciales y representantes del sector productivo de la región sureste manifestaron de manera firme su rechazo a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, núm. 225-20, al considerar que su aplicación se ha convertido en una verdadera masacre para el pequeño y mediano comerciante.
Durante un encuentro convocado por la Asociación de Comerciantes de Barahona (ASOCOMERBA), se expresó que esta legislación, aunque concebida con fines ambientales, está siendo aplicada de manera desproporcionada, imponiendo cargas económicas excesivas que ponen en riesgo la estabilidad, la rentabilidad y la permanencia de miles de negocios en toda la región.
Los comerciantes denunciaron que la ley no toma en cuenta la realidad económica del comercio regional, donde muchos establecimientos operan con márgenes reducidos y carecen de acceso a infraestructura adecuada para el manejo y reciclaje de los residuos. En este contexto, la contribución establecida representa un golpe directo a la sostenibilidad del sector y al empleo.
En su intervención, la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE BARAHONA (ASOCOMERBA) expresó de manera categórica que no dará su brazo a torcer en la defensa del comercio, reiterando que esta lucha no es individual, sino colectiva.
“Esta es una lucha de todos. Haremos todo lo posible y necesario, en cualquier terreno, para defender a los comerciantes y evitar que esta ley continúe asfixiando al pequeño negocio”, expresó el presidente de la entidad.
Las declaraciones fueron ofrecidas por el licenciado Narciso Cornielle .
Presidente de la Asociación de Comerciantes de Barahona (ASOCOMERBA), quien enfatizó que el sector comercial no se opone al cuidado del medio ambiente, pero sí a una ley que, en su forma actual, castiga al comercio formal y debilita la economía regional.
Finalmente, los comerciantes de la región sureste hicieron un llamado a las autoridades nacionales para revisar, modificar y consensuar la aplicación de la Ley 225-20, a fin de lograr un equilibrio real entre la protección ambiental y la supervivencia del comercio dominicano.
