EL “CAMBIO” BAJO LA LUPA: CUANDO LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEJA MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS.
En la República Dominicana, la palabra cambio se convirtió en consigna, promesa y esperanza. Fue el eje central de un proyecto político que llegó al poder con el compromiso de desmontar viejas prácticas, fortalecer la institucionalidad y combatir frontalmente la corrupción administrativa. Sin embargo, a varios años de gestión, los números comienzan a hablar por sí solos y obligan a una reflexión profunda.
Más de 40 funcionarios destituidos, 287 faltas administrativas detectadas y 50 expedientes vinculados a presuntos actos de corrupción no son cifras menores. Al contrario, son indicadores preocupantes que colocan al “cambio” bajo una lupa inevitable. La pregunta no es si se han tomado acciones —porque evidentemente se han tomado—, sino por qué estas irregularidades continúan apareciendo de manera reiterada en instituciones clave del Estado.
Entidades como SeNaSa, INTRANT, ITLA y Supérate, creadas o fortalecidas para garantizar derechos, modernizar servicios y proteger a los sectores más vulnerables, aparecen hoy asociadas a investigaciones, sanciones y cuestionamientos públicos. Esto no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que evidencia una debilidad estructural en los mecanismos de control interno, supervisión y selección de funcionarios.
Combatir la corrupción no puede limitarse a destituciones tardías o expedientes administrativos una vez el daño está hecho. El verdadero cambio implica prevención, transparencia real, evaluación permanente y consecuencias ejemplares, sin importar rangos, vínculos políticos o cercanía con el poder.
También es justo reconocer que abrir expedientes y separar funcionarios puede interpretarse como voluntad institucional. Pero esa voluntad pierde fuerza si no se acompaña de resultados judiciales contundentes, recuperación de recursos públicos y reformas profundas que impidan que los mismos errores se repitan con otros nombres y en otras oficinas.
El país no demanda discursos ni estadísticas aisladas. Demanda coherencia, ejemplaridad y un sistema que funcione incluso cuando nadie está mirando. Porque el verdadero cambio no se mide por cuántos funcionarios caen, sino por cuántos actos corruptos se evitan.
Hoy más que nunca, la ciudadanía observa, cuestiona y exige. El “cambio” sigue siendo una aspiración válida, pero solo sobrevivirá como proyecto político y moral si se traduce en instituciones sólidas, liderazgo ético y una lucha contra la corrupción que no sea selectiva, reactiva ni cosmética.
El reto está planteado. La lupa está puesta. Y la historia, como siempre, será implacable.
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