La Justicia Dominicana dicta 18 meses de prisión preventiva en el caso Senasa
El domingo 14 de diciembre de 2025, un juez del Distrito Nacional dictó medidas de coerción significativas en el caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), uno de los escándalos judiciales más resonantes del año en la República Dominicana.
La Oficina de Atención Permanente, bajo la conducción del magistrado Rigoberto Sena, ordenó prisión preventiva por 18 meses para siete de los diez imputados señalados de integrar una supuesta red que habría desfalcado al Estado en perjuicio de Senasa por una suma que supera los RD$15,000 millones.
Entre los acusados que cumplirán la prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo figuran:
Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa
Rafael Luis Martínez Hazim
Gustavo Enrique Messina Cruz
Germán Rafael Robles Quiñones
Francisco Iván Minaya Pérez
Ramón Alan Speakler Mateo
Ada Ledesma Ubiera
Adicionalmente, tres imputados —Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Pineda— recibieron medidas más leves, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica, debido a su colaboración con la investigación.
¿Por qué 18 meses de prisión preventiva?
La prisión preventiva es una medida de coerción excepcional que busca garantizar que los acusados permanezcan disponibles para el proceso, previniendo obstrucción de la justicia, destrucción de pruebas o fuga. En este caso, el Ministerio Público solicitó expresamente 18 meses, argumentando la complejidad del expediente y la gravedad de los hechos imputados, que incluyen delitos como estafa contra el Estado, soborno, lavado de activos, use de documentos falsos y asociación de malhechores.
El órgano persecutor también pidió que el caso sea declarado de complejidad, lo que le otorga un plazo más amplio para completar la investigación y presentar acusación formal.
Reacciones sociales y políticas
La decisión generó gran atención pública. Cientos de ciudadanos se concentraron frente al Palacio de Justicia, demandando que se impusieran medidas firmes contra los implicados por el presunto fraude, considerado por muchos como un ataque directo a los fondos destinados a la salud de la población más vulnerable.
Al mismo tiempo, figuras públicas como el comunicador Jhoel López criticaron pasajes del proceso, alertando sobre posibles tratos preferenciales para ciertos acusados y subrayando la necesidad de que “la ley se aplique igual para todos”.
Desde la defensa, voces como la del exdirector de Senasa aseguran que cuestiones de salud del principal imputado han sido usadas como argumento para evitar la prisión, aunque el Ministerio Público sostiene que no hay certificación médica que respalde dichas alegaciones.
El impacto del caso en la opinión pública
El caso Senasa ha tocado fibras sensibles en la sociedad dominicana. Las conversaciones en redes y foros reflejan una mezcla de indignación, desconfianza y exigencia de justicia más severa para la corrupción en el sector público. Algunos ciudadanos ven la decisión del tribunal como un paso firme hacia la rendición de cuentas, mientras otros demandan reformas institucionales más profundas para evitar que este tipo de casos se repitan.
Mirando hacia adelante
La justicia dominicana otorgó al Ministerio Público ocho meses para presentar la acusación formal, debido a la complejidad del expediente y la cantidad de pruebas que deben ser evaluadas y complementadas.
Este caso no solo pone en la mira a los implicados, sino también a los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones públicas. Para muchos analistas y ciudadanos, representa una prueba de fuego para el sistema judicial y la lucha
