Senado aprueba RD$1.8 mil millones para sí mismo y niega la indexación salarial: el rostro más crudo del privilegio político.
Mientras el pueblo enfrenta inflación, precariedad y salarios congelados, el Congreso decide proteger sus beneficios y blindar un modelo de desigualdad institucionalizada.
✍️ Artículo de opinión.
La aprobación de un presupuesto de RD$1.8 mil millones para el Senado de la República, junto al rechazo de la indexación salarial, no es un simple acto administrativo: es una declaración política de desprecio social. Un mensaje claro y contundente que confirma que, para la clase legislativa, el sacrificio siempre debe recaer sobre los mismos.
En un país donde el costo de la vida se dispara sin freno, negar el ajuste salarial conforme a la inflación equivale a recortar salarios de manera encubierta. Cada mes que pasa sin indexación es un mes en el que el trabajador pierde poder adquisitivo, mientras los senadores mantienen intactos sus privilegios, dietas, exoneraciones y comodidades.
Resulta insultante que se alegue “prudencia fiscal” para negar derechos laborales, pero no para justificar un presupuesto multimillonario que garantiza el confort del aparato político.
Este doble discurso desnuda una realidad incómoda: hay dinero para el poder, pero no para la gente.
La indexación salarial no es una concesión ideológica ni un capricho sindical. Es una herramienta básica de equilibrio económico utilizada en países que entienden que la estabilidad social comienza por proteger el ingreso real de sus ciudadanos. Rechazarla sin ofrecer alternativas es condenar deliberadamente a la clase trabajadora a la pobreza progresiva.
Más grave aún es el silencio cómplice que rodea estas decisiones.
El Senado, que debería ser un contrapeso y una voz del pueblo, se ha convertido en un club cerrado, desconectado de la calle, donde las urgencias sociales no pesan tanto como la comodidad interna.
Cada vez que el Congreso se aprueba presupuestos generosos mientras bloquea mejoras salariales, se erosiona la confianza ciudadana y se alimenta el hartazgo social.
No se puede exigir paciencia a quien ya no llega a fin de mes, ni disciplina a quien observa cómo sus representantes viven ajenos a la crisis.
Esta decisión no será olvidada fácilmente. La historia política dominicana ha demostrado que la desigualdad sostenida desde el poder termina pasando factura.
El Senado aún está a tiempo de rectificar, pero mientras persista en blindar privilegios y negar justicia económica, seguirá siendo visto no como un defensor del pueblo, sino como parte del problema.
