Barahona, República Dominicana — 9 de diciembre de 2025
Por: Eulys Manuel Peña Peña
Que la ley valga para todos, incluyendo los que juraron hacerla cumplir.
En los últimos años, nuestro país ha visto con dolor y desilusión cómo quienes deberían garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley, fiscales, jueces y funcionarios del sistema judicial, han caído en escándalos de corrupción, crímenes de cuello blanco y abusos claros de poder. Peor aún: en muchos casos la ley sí les ha alcanzado… pero solo después de que la indignación pública y las investigaciones los pusieran en evidencia.
El ideal de un sistema judicial imparcial y transparente, en donde la ley se aplica sin importar el apellido o el cargo, parece una quimera cuando los casos de corrupción no solo salpican a funcionarios de menor rango, sino también a quienes durante años ocuparon posiciones clave dentro del aparato del Estado. Y aunque recientemente el gobierno ha mostrado voluntad de “limpiar la casa”, no basta con palabras: es necesario que ese compromiso se concrete en condenas justas, ejemplares e imparciales.
Casos que lo demuestran: fiscales que delinquieron, y fueron sometidos a la ley.
En agosto de 2023, la Operación Gavilán sacudió al sistema de justicia dominicano: una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías fue desenmascarada tras borrar de los registros oficiales decenas de miles de antecedentes penales, incluso de sicarios, narcotraficantes y violadores, a cambio de sobornos.
Como resultado, y tras investigaciones, varios implicados confesaron, fueron juzgados y condenados.
Nueve de ellos, incluyendo un exfiscal, recibieron penas de entre seis y diez años de prisión.
Este caso pone de relieve el hecho de que la corrupción no nació en los pasillos de la politiquería, sino en las oficinas judiciales mismas. No se trata de “errores aislados” o “manzanas podridas”: es un problema estructural.
Además, la Operación Camaleón, —conocida en 2025,nreveló una red de corrupción vinculada al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, en la que la fiscalía también ha tenido un papel clave como órgano persecutor: el allanamiento alcanzó residencias vinculadas a fiscales y exfuncionarios.
Entre los nombres que hoy están bajo la lupa figuran exfiscales, empleados judiciales y policías que usaron sus puestos para proteger criminales, modificar expedientes o asegurar impunidad al mejor postor.
Estos hechos demuestran que cuando los llamados a hacer cumplir la ley participan del delito, el Estado y la sociedad pierden su sistema de control más esencial.
El papel del gobierno: palabras no bastan, se necesitan hechos.
El presidente constitucional Luis Rodolfo Abinader Corona ha reiterado su compromiso: “tengo amigos, no cómplices”. Pero ese compromiso debe traducirse en una fiscalía fuerte, independiente y sin privilegios, y en un sistema de justicia que abra procesos cuando sea necesario, incluso contra jueces, fiscales o altos funcionarios, sin importar su nombre o influencia.
El nombramiento en febrero de 2025 de la nueva procuradora general, Yeni Berenice Reynoso Gómez, fue recibido con esperanza, dada su reputación de combatir la corrupción y el crimen organizado. Pero debemos estar vigilantes: la imparcialidad no se asegura solo con nombres nuevos, sino con transparencia en los procesos, independencia institucional y sanciones reales.
Justicia selectiva: la impunidad sigue siendo la norma.
Lamentablemente, muchos procesos contra corruptos se estancan, obtienen demoras, apelaciones tras apelaciones, prórrogas indefinidas y evasiones de responsabilidad.
Por ejemplo, en el caso del exfiscal Jean Alain Rodríguez, acusado de desfalcar al Estado por miles de millones durante su gestión (2016-2020), la fiscalía ha denunciado tácticas dilatorias constantes usadas por su defensa.
Cuando quienes deben impartir justicia se valen de subterfugios legales, no para descubrir la verdad, sino para por lucro personales mantener cierta impunidad
