DE INTERÉS NACIONAL | OPINIÓN.
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS: ¿JUSTICIA FISCAL O GOLPE AL PEQUEÑO COMERCIO?.
La amenaza de un paro nacional de 48 horas por parte de los comerciantes, anunciada por Iván García, presidente de la federación comercial, no es un acto irresponsable, sino una señal de alarma ante la forma en que se está aplicando la Ley de Residuos Sólidos en la República Dominicana.
El núcleo del conflicto es simple y preocupante: se pretende tratar igual a quienes son profundamente desiguales. Pequeños y medianos comercios están siendo categorizados y obligados a pagar como si tuvieran la misma capacidad financiera que grandes empresas y corporaciones. Esa visión no es técnica ni justa; es peligrosa.
En los últimos años, el país ha avanzado hacia una política impositiva que castiga al más débil, mientras sectores empresariales con enormes volúmenes económicos buscan blindar sus fortunas, muchas veces fuera del país, pagando menos impuestos de los que les corresponde. No se rechaza el pago de impuestos —porque sin recaudación no hay Estado ni desarrollo—, pero sí se rechaza la inequidad fiscal.
La pregunta es inevitable:
¿Se está diseñando un traje a la medida para las grandes empresas, sacrificando al comercio pequeño y mediano?
El asfixiamiento de estos sectores no generará beneficios a largo plazo. Por el contrario, traerá cierres de negocios, desempleo, informalidad y menor recaudación futura. Un país que destruye su comercio local debilita su propia economía.
Además, no es un secreto que una parte de la élite empresarial no tiene banderas políticas: no es opositora ni oficialista, es gobiernista, y siempre se alineará con quien proteja su capital.
El llamado al Gobierno es claro y urgente: revisar la aplicación de la ley, establecer categorías reales, cobros proporcionales y plazos razonables. Aún se puede evitar una confrontación nacional innecesaria.
La justicia fiscal no se proclama, se practica. Ignorar a los pequeños y medianos comerciantes puede salirle muy caro al país.
