NUEVA LEY DE ALQUILERES Y DESAHUCIOS ESTABLECE REGLAS CLARAS ENTRE PROPIETARIOS E INQUILINOS.
La Ley 85-25 moderniza el régimen de alquileres en el país, limita los depósitos, sanciona los desalojos ilegales y agiliza los procesos judiciales, buscando un equilibrio entre ambas partes.
Santo Domingo. — La República Dominicana cuenta con un nuevo marco legal que regula los contratos de alquiler y los procedimientos de desahucio, tras la promulgación de la Ley Núm. 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, una normativa que sustituye la legislación vigente desde 1955 y responde a las demandas actuales del mercado inmobiliario nacional.
La ley establece reglas claras tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica, reducir conflictos y evitar prácticas abusivas que por décadas afectaron la relación entre las partes. La normativa aplica a inmuebles destinados a vivienda, comercio e instalaciones profesionales.
Uno de los puntos más relevantes de la Ley 85-25 es la limitación del su depósito de garantía a un máximo de dos meses de renta, eliminando exigencias excesivas que representaban una carga económica para los inquilinos al momento de firmar un contrato.
Asimismo, la legislación refuerza el debido proceso al establecer que ningún desalojo puede ejecutarse sin una orden judicial, penalizando con sanciones severas a quienes realicen desalojos ilegales, incluyendo propietarios, abogados o alguaciles que actúen fuera de la ley.
La normativa también introduce la conciliación obligatoria previa ante los juzgados de paz, como mecanismo para resolver conflictos entre arrendadores e inquilinos antes de acudir a un proceso judicial formal, reduciendo así la congestión de los tribunales.
En cuanto a los propietarios, la ley contempla procedimientos de desalojo más ágiles en casos de incumplimiento contractual, especialmente por falta de pago, respondiendo a una de las principales quejas del sector inmobiliario bajo el régimen legal anterior.
Además, se establecen disposiciones que permiten mayor claridad en los contratos y en los ajustes de renta, siempre que estos estén previamente pactados, evitando decisiones arbitrarias que afecten a cualquiera de las partes.
Especialistas en derecho inmobiliario coinciden en que la Ley 85-25 no favorece de forma absoluta a propietarios ni a inquilinos, sino que procura un equilibrio legal, protegiendo la inversión privada sin menoscabar el derecho a una vivienda digna y a la estabilidad contractual.
La correcta aplicación de esta legislación será determinante para su impacto real en la sociedad, en un país donde el alquiler de viviendas y locales comerciales constituye una parte esencial de la dinámica económica y social.
