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Entre los que pueden y los que no pueden: la justicia desigual en República Dominicana

Cuando la Carta Magna se aplica de manera diferente según el poder o la pobreza.

Entre los que pueden y los que no pueden: la justicia desigual en República Dominicana.

Cuando la Carta Magna se aplica de manera diferente según el poder o la pobreza.

La Constitución promete igualdad, pero la realidad es otra.

La Constitución dominicana establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que la justicia debe ser imparcial. Sin embargo, la experiencia diaria demuestra lo contrario: existe una diferencia clara entre quienes pueden y quienes no pueden.

Dos Repúblicas: el poder y la pobreza

Por un lado, están quienes tienen poder político, económico o influencia social. Para ellos, las leyes parecen flexibles, y la impunidad se convierte en la regla. Los procesos legales se dilatan y se interpretan a favor de intereses particulares, dejando en evidencia que la justicia no siempre es igual para todos.

Por otro lado, están los ciudadanos de escasos recursos. Para ellos, la justicia es rígida, lenta y muchas veces inaccesible. Una orden judicial o una multa puede significar la pérdida de un negocio, un empleo o incluso un techo. La percepción general es que la ley protege más a los que “pueden” que a los que realmente la necesitan.

El impacto social y moral

Esta desigualdad no solo afecta la legalidad, sino también la confianza de la sociedad en las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que el acceso a la justicia depende del poder o la riqueza, la democracia se debilita.

La corrupción y el favoritismo consolidan un sistema donde los derechos proclamados en la Constitución parecen reservados para unos pocos.

El reto: justicia para todos

Garantizar que las leyes se apliquen de manera imparcial es un desafío urgente. Las instituciones deben actuar con independencia y transparencia, asegurando que la igualdad ante la ley deje de ser solo un ideal y se convierta en realidad. Solo así podremos cerrar la brecha entre los que “pueden” y los que “no pueden”.

Conclusión.

La igualdad ante la ley no es un lujo: es un compromiso constitucional. República Dominicana necesita un sistema judicial que funcione para todos, sin distinciones. La verdadera democracia se alcanza cuando la justicia no es un privilegio, sino un derecho de todos.

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