¿JUSTICIA TARDÍA O DEUDA IMPERDONABLE DEL ESTADO CON LOS MÁS VULNERABLES?
SENASA 2.0, MUERTES EVITABLES Y UNA HERIDA SOCIAL QUE NO CIERRA
La procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, ha afirmado que la etapa 2.0 del Seguro Nacional de Salud (SENASA) continúa operando y que dicho proceso no se ha detenido. Sin embargo, esta declaración, aunque relevante desde el punto de vista administrativo, resulta insuficiente frente a una realidad que golpeó con crudeza a miles de familias dominicanas.
No se puede ni se debe perdonar un accionar estatal que, por negligencia, desorden, mala gestión o presuntas prácticas de depredación de recursos públicos, dejó a ciudadanos sin acceso oportuno a medicamentos y atenciones médicas esenciales. Personas humildes, sin capacidad económica para recurrir al sistema privado, fallecieron esperando lo que por derecho les correspondía: salud, dignidad y protección del Estado.
Mientras pacientes eran rechazados en farmacias, hospitales y centros especializados por falta de cobertura efectiva, otros —amparados en el poder y la opacidad— presuntamente se enriquecían de manera ilícita, drenando recursos que debieron salvar vidas. Esta no es una simple falla técnica: es una tragedia social con responsables humanos e institucionales.
La continuidad de SENASA 2.0 no borra el pasado ni resucita a quienes murieron por falta de medicamentos oncológicos, tratamientos crónicos o atenciones urgentes. El país necesita más que explicaciones: exige investigaciones profundas, sanciones ejemplares y la recuperación de cada peso malversado, si se comprueba que hubo corrupción.
La justicia no puede limitarse a informes ni a discursos. Cuando el Estado falla en proteger la vida, la deuda es moral, política y penal. Las víctimas no son estadísticas; son rostros, nombres y familias rotas. Y esa herida no se cierra con continuidad administrativa, sino con verdad, castigo y reparación.
Porque en materia de salud pública, la impunidad también mata.
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