Barahona, República Dominicana, 8 de enero del 2026.
DIGESETT EN BARAHONA: ¿ORDEN VIAL O PRESIÓN SOCIAL?.
Artículo de opinión.
En la provincia de Barahona, el tema del tránsito ha pasado de ser un asunto de organización vial a convertirse en una preocupación social recurrente. No por la necesidad de que exista control —porque el orden y el respeto a la ley son fundamentales— sino por la forma en que muchos ciudadanos perciben el accionar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
La interrogante que surge con fuerza en los barrios, avenidas y paradas de motoconcho no es si la Ley de Tránsito debe aplicarse, sino si se está aplicando de manera justa, equilibrada y acorde con la realidad socioeconómica de Barahona. Para numerosos motoristas y padres de familia que se ganan el sustento diario a través del concho, la fiscalización se siente más como una presión constante que como una labor educativa y preventiva.
Es importante dejar claro que este artículo no pretende justificar la violación de la ley. Todo ciudadano está obligado a cumplir las normas de tránsito. Sin embargo, la ley también debe aplicarse con criterio humano, proporcionalidad y sentido social.
Cuando el peso de las sanciones parece recaer principalmente sobre quienes viven del trabajo informal del transporte, se abre un debate legítimo: ¿estamos ante un verdadero plan de seguridad vial o ante un modelo de control que termina castigando la subsistencia?
Barahona es una provincia donde miles de hogares dependen directamente del motoconcho. Para muchos, una multa, la retención de una motocicleta o una licencia no representa solo una sanción administrativa, sino la pérdida inmediata del ingreso diario.
En ese escenario, el rol de la DIGESETT debería enfocarse no solo en sancionar, sino en orientar, educar, prevenir y facilitar procesos reales de regularización, acordes con la realidad del territorio.
La percepción ciudadana —correcta o no— comienza a afectar la confianza institucional cuando el trabajo de una entidad llamada a preservar vidas se interpreta como una burla o como un negocio fuera de lo normal, ajeno al verdadero espíritu de la Ley de Tránsito Terrestre. Sin señalar a ningún militar ni agente específico, este artículo recoge un sentimiento colectivo que merece atención responsable.
Por ello, este texto constituye un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes, y de manera particular al general Pascual Cruz Méndez, director y encargado de la dirigencia nacional de la DIGESETT, para que se evalúe con objetividad el accionar institucional en la provincia de Barahona. Resulta necesario revisar protocolos, supervisar procedimientos y garantizar que la aplicación de la ley se realice con equidad, transparencia y sensibilidad social.
El orden vial no puede construirse sobre la angustia del pueblo trabajador. La autoridad se fortalece cuando actúa con equilibrio, vocación de servicio y compromiso humano. Barahona no necesita persecución; necesita educación vial, inclusión y un tránsito verdaderamente justo.
Porque cumplir la ley es una obligación ciudadana, pero aplicarla con justicia es una responsabilidad del Estado.
