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CUANDO LA JUSTICIA FALLA A LOS POBRES, QUE DIOS NOS AGARRE CONFESADOS.

El colapso del Jet Set y el caso de los hermanos Espaillat reavivan el debate sobre un sistema judicial que, para muchos dominicanos de menos recursos, sigue siendo desigual y condicionado por el poder económico.

JET SET, LOS HERMANOS ESPAILLAT Y LA DUDA SOBRE LA JUSTICIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

La tragedia provocada por el colapso del techo de la discoteca Jet Set vuelve a colocar a la República Dominicana frente a un espejo incómodo: el del poder económico frente a la aplicación real de la justicia. El caso, vinculado a los hermanos Espaillat, no solo es una desgracia estructural y humana, sino también un símbolo de una problemática más profunda que viene arrastrándose en el país.

En los últimos años, la República Dominicana ha sido percibida como un escenario donde el poder y el dinero pesan más que la ley, mientras la clase baja continúa siendo víctima del abuso, el maltrato y la indiferencia institucional. Hechos como este reabren una herida social que nunca ha terminado de cerrar.

En una nación que se define como democrática, resulta inevitable preguntarse:

¿Está nuestro Estado de derecho dirigido por las personas de más altos recursos?

¿Se aplica la justicia de manera equitativa o responde a intereses económicos?

¿Siguen los jueces la trayectoria correcta del debido proceso sin importar la posición social del imputado?

Estas interrogantes no surgen del capricho, sino de una realidad repetida. Cuando la ley no se percibe como igual para todos, el debido proceso pierde legitimidad y la confianza ciudadana se erosiona peligrosamente.

De persistir esta percepción, el país se enfrenta a un riesgo mayor: el cansancio social.

¿Qué ocurre cuando los ciudadanos sienten que la justicia no los protege?

La historia demuestra que, en esos escenarios, algunos optan por tomar la justicia en sus propias manos, enviando una señal alarmante para cualquier sociedad que aspire a la paz y al orden democrático.

Urge, por tanto, una revisión profunda y responsable del sistema judicial dominicano. No hacerlo sería validar la desigualdad ante la ley y aceptar que, en República Dominicana, la justicia tenga precio.

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