CUANDO LA CORRUPCIÓN VISTE UNIFORME Y LA JUSTICIA GUARDA SILENCIO.
Artículo de opinión.
Santo Domingo, República Dominicana.
En la República Dominicana, la democracia se sostiene sobre instituciones llamadas a proteger al Estado, garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público. Sin embargo, cuando militares y policías son acusados de estafar al propio Estado, el problema trasciende lo administrativo y se convierte en una grave amenaza institucional y moral.
No se trata de ataques a los cuerpos armados ni a la Policía Nacional como instituciones, sino de señalar una realidad que preocupa a la sociedad: funcionarios investidos de autoridad, poder y recursos públicos que utilizan esa posición para saquear el erario. Esta conducta es doblemente reprochable, porque proviene de quienes juraron defender la patria y hacer cumplir la ley.
El dinero del Estado no pertenece a gobiernos, jerarquías ni rangos. Pertenece al pueblo dominicano. Cada peso robado significa menos salud, menos educación, menos seguridad y menos desarrollo. Todos somos el Estado, y cuando se roba al Estado, se roba directamente al ciudadano que trabaja, paga impuestos y cumple la ley.
El Gobierno dominicano tiene la obligación de tomar cartas en el asunto con firmeza y sin titubeos. La permisividad y la flexibilidad frente a la corrupción han demostrado ser el caldo de cultivo perfecto para que estas prácticas se repitan. No basta con discursos ni promesas de transparencia; se requieren acciones concretas, sanciones reales y procesos ejemplarizantes.
La justicia, por su parte, enfrenta una prueba histórica. Los jueces deben ejercer con valentía el rol que les confiere la Constitución. No puede existir una justicia débil frente a militares y policías señalados de corrupción, mientras se aplica con rigor contra el ciudadano común. La ley no distingue uniformes, rangos ni apellidos.
Cuando los tribunales no crean precedentes firmes, el mensaje es peligroso: que delinquir desde el poder sale barato. Y si no se corrige ese rumbo, el país corre el riesgo de caer en manos de delincuentes con poder institucional, amparados por la impunidad y el silencio cómplice.
Es necesario advertirlo con responsabilidad y claridad: si no se establece un precedente contundente, si la corrupción continúa sin castigo, la indignación social crecerá. Un Estado que tolera el saqueo interno pierde autoridad moral para gobernar y exigir sacrificios a su pueblo.
No es una amenaza, es una realidad histórica comprobada. Cuando la corrupción se institucionaliza y la justicia falla, los países se paralizan.
Ninguna nación puede avanzar si quienes administran los recursos públicos actúan con impunidad.
Aún hay tiempo. El Gobierno debe actuar con determinación. La justicia debe cumplir su deber constitucional. Y los jueces deben recordar que su lealtad es con la ley y con la nación, no con el poder de turno.
Porque si la corrupción sigue caminando con uniforme y la justicia continúa mirando hacia otro lado, el país entero pagará las consecuencias.
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