Que la Junta Central Electoral de la República Dominicana, el órgano constitucional que custodia nuestra identidad y nuestra democracia, aparezca en un aviso de embargo pegado en la puerta de una oficina en Broadway, como si fuera una bodega que no pagó la renta, no es solo una vergüenza. Es un crimen institucional. Y alguien tiene que pagar por él. No hay confusión posible. Según la sentencia del Distrito Sur de Nueva York, caso 1:25-cv-02830-PKC, dictada en rebeldía el 26 de noviembre de 2025 por el juez Kevin Castel, y ejecutada por el City Marshall Martin A. Bienstock mediante Aviso M 373516 notificado el 6 de septiembre: La JCE firmó el 30 de octubre de 2023 un contrato por UN MILLÓN DE DÓLARES con la empresa Latin Events. ¿Para qué? No para comprar tinta indeleble. No para depurar el padrón. Para pagar 15,000 boletas y 20,000 almuerzos y una campaña de «registro de votantes» en medio de la serie de…
Información resumida a partir de la fuente indicada al final. El Birán no añade datos no presentes en el material consultado.
Fuente: AlMomento.net
Ver publicación original
