La República Dominicana mantiene más de 53 mil órdenes de arresto pendientes de ejecución, una cifra que supera la cantidad de miembros activos de la Policía Nacional y que sale a relucir en momentos en que distintos sectores cuestionan las muertes registradas durante intervenciones de los organismos de seguridad.
Datos presentados por la Policía Nacional indican que existen 53,877 órdenes pendientes contra 50,865 personas requeridas por la justicia. En comparación, la institución contaba con 43,464 miembros en su nómina al cierre de agosto.
Entre las infracciones con mayor cantidad de órdenes pendientes se encuentran la violencia intrafamiliar, los robos, las agresiones físicas, los delitos sexuales, los delitos cibernéticos y los homicidios.
El debate sobre las actuaciones policiales también ha cobrado fuerza luego de que una investigación periodística reportara que solo tres de al menos 182 personas fallecidas durante intervenciones policiales en lo que va de año aparecían en la lista pública de prófugos de la institución.
La Policía ha explicado que esa plataforma pública representa únicamente una pequeña parte de las personas requeridas por las autoridades y que cerca del 1 % de los casos llega a ser publicado bajo la categoría de “los más buscados”.
En medio de los cuestionamientos, el presidente Luis Abinader reiteró su llamado a las personas con órdenes de arresto para que se entreguen a las autoridades. El mandatario indicó además que el Gobierno continuará fortaleciendo las labores de seguridad mediante la incorporación de agentes, tecnología, equipos y la ampliación del patrullaje.
La vicepresidenta Raquel Peña, por su parte, manifestó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y preservar la paz social.
Mientras tanto, representantes de organizaciones vinculadas al ámbito jurídico han reclamado mayores controles sobre el uso de la fuerza.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) ha solicitado investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales y ha recordado la protección constitucional del derecho a la vida.
Asimismo, representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) han planteado que el combate contra la delincuencia debe desarrollarse respetando la Constitución y las leyes, acompañado de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre las actuaciones de los agentes.
