ABINADER DEVUELVE PROYECTO DE LEY QUE BUSCABA PAGAR DEUDAS VIEJAS A CONTRATISTAS
Santo Domingo.— El presidente de la República, Luis Abinader, devolvió al Congreso Nacional el proyecto de ley que autorizaba el pago de deudas acumuladas del Estado con contratistas y suplidores por obras y servicios realizados en gestiones pasadas, al considerar que la iniciativa presenta vacíos técnicos, riesgos fiscales y falta de claridad financiera.
La pieza legislativa, aprobada previamente por ambas cámaras, tenía como objetivo saldar compromisos históricos con cientos de contratistas que ejecutaron trabajos como construcción, mantenimiento, instalaciones eléctricas y otras obras públicas, muchas de ellas sin contratos formales o con expedientes incompletos.
En sus observaciones, el mandatario advirtió que el proyecto no establece con precisión el monto total de la deuda, ni define de manera clara la fuente de financiamiento para cumplir con esos pagos, lo que podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Asimismo, señaló la ausencia de mecanismos rigurosos de verificación que garanticen la certeza, legalidad y exigibilidad real de las obligaciones reclamadas.
Abinader sostuvo que, aunque reconoce la existencia de compromisos pendientes del Estado, no es prudente autorizar pagos generales sin controles estrictos, ya que esto podría abrir la puerta a reclamaciones irregulares y sentar un precedente negativo en la administración pública.
Con la devolución, el proyecto regresa a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán decidir si acogen o rechazan las observaciones del Poder Ejecutivo en su totalidad, tal como establece el procedimiento constitucional.
Mientras tanto, sectores vinculados a la construcción y a la ingeniería han expresado preocupación por la decisión, alegando que muchos contratistas arrastran deudas de décadas que afectan su sostenibilidad económica. Otros sectores, sin embargo, respaldan la postura del Ejecutivo, al considerar que la transparencia y la responsabilidad fiscal deben prevalecer.
El debate reabre una vieja discusión nacional: cómo saldar las deudas históricas del Estado sin poner en riesgo el erario ni debilitar los principios de legalidad, control y buen manejo de los recursos públicos.
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